Acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración Educativa

e-goverment

Un nuevo reto para los docentes

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos en su artículo 6 reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos.

La citada Ley, que será de aplicación a todas las Administraciones Públicas y a los ciudadanos en su relación con las mismas, además de reconocer el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad administrativa y en las relaciones de los ciudadanos con las administraciones con la finalidad de garantizar sus derechos y la validez y eficacia de la actividad administrativa. En particular, se reconoce el derecho de los ciudadanos a conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información sobre aquéllos y a obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condición de interesado.

Aunque el proceso de enseñanza y aprendizaje no puede considerarse como un proceso administrativo común, sí que genera otros procesos paralelos para los que la Administración Educativa deberá garantizar el acceso electrónico, cuando se produzca el desarrollo normativo correspondiente. Algunos de estos procesos son:

  • Reserva de plaza y matriculación.
  • Consulta, solicitud y expedición de certificaciones académicas.
  • Boletines de notas electrónicos.
  • Tutoría electrónica. Comunicación con padres/madres: Información sobre faltas de asistencia (o de otro tipo) del alumnado y justificación de las mismas.
  • Difusión de Proyecto Curricular de Centro y Programaciones de Departamentos didácticos.
  • Otros…

Desde PRoFeBLoG queremos plantear un debate en torno a este interesante tema que nos va a afectar de lleno muy pronto. Nos gustaría conocer la opinión del profesorado de las diferentes Comunidades Autónomas ya que el carácter básico de esta Ley implica que los diferentes desarrollos normativos autonómicos de la misma no podrán contradecirla.

Algunas preguntas para el debate:

  • ¿Debe considerarse la Administración Educativa como una Administración más o deben ser considerados especiales sus procedimientos como ocurre con los recogidos en la disposición adicional cuarta de esta Ley?
  • ¿Está nuestra mentalidad y disposición a la altura de las circunstancias?
  • ¿Se garantizará a corto y medio plazo el derecho efectivo de acceso electrónico de los ciudadanos a la información que le corresponde por Ley?

Por supuesto que estos interrogantes son algunos de los muchos posibles.

 

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Un pensamiento en “Acceso electrónico de los ciudadanos a la Administración Educativa

  1. rosa cobos

    La administración educativa es, efectivamente, una administración más, puesto que son los poderes públicos los encargados de garantizar ese derecho (art. 27 CE 1978), encontrándonos, por tanto, ante una administración pública. Lo que ocurre es que existen diversos procedimientos que, por su especialidad, requieren de una normativa más específica con el fin de que no haya lugar a vacíos legales (por ejempo, en materia tributaria, de tráfico, educativa, etc).
    La Junta de Andalucía parece estar a la cabeza en la puesta en marcha de diversas estrategias de modernización de sus servicios (sanitarios, educativos, administrativos, judiciales…), atendiendo a las competencias que tiene asumidas según su propio Estatuto de Autonomía. Concretamente, en el año 2003 el Gobierno Andaluz puso en marcha la denominada Segunda Modernización de Andalucía, con el objetivo de acercar la administración a los ciudadanos y facilitarle su relación con ella.
    Dentro de esta Segunda Modernización el documento denominado “Un proyecto, diez iniciativas y cien medidas” hace referencia a una medida (enmarcada dentro de una de esas diez iniciativas) en la que da una especial importancia a la incorporación de las TIC en los centros educativos y en la que la Junta se compromete a dotar a dichos centros en un período límite de tiempo.
    Pero precisamente, lo más importante es que en dicha medida se recoge la posibilidad de la “utilización de las TICs en la propia gestión del centro, prestando los servicios de teletramitación (presinscripción, matrícula, solicitudes de beca y ayuda, etcs, información del centro y sus actividades, notificaciones e información a los padres y madres, secretaría virtual, tutorización, etc.”
    Por ello, la cuestión que se plantea en este post no está tan lejos de convertirse en realidad. Sólo existen dos cosas que pudieran suponer un freno para el desarrollo de este propósito:

    1º.- Una insuficiente dotación presupuestaria para los centros.
    2º.- Una insuficiente motivación de los profesionales de la enseñanza.

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