Nuestra responsabilidad ante el acoso escolar

La Audiencia de Madrid rechazó el pasado 16 de diciembre el fallo del Juzgado de Instrucción número 1 de Alcobendas, que no había observado responsabilidad en la actuación del Colegio Suizo de Alcobendas (Madrid) tras la grabación del maltrato a uno de sus estudiantes por parte de varios compañeros.

Según se recoge en la sentencia, se trataba  de “resolver si los sucesos acaecidos en fecha 26/6/06, objeto de la filmación, constituyen un hecho aislado y ocasional de una mera discusión entre niños, como sostiene la sentencia de instancia, considerando que no existe prueba alguna de que se hubiera producido anteriormente, o bien se trata de una conducta más de maltrato, dentro de la situación de acoso escolar que vivía M, según sostiene la apelante”.

Era ese el plantemiento de la Audiencia de Madrid porque “El acoso escolar, también conocido como bullying, según se define en la Instrucción 10/05 de la Fiscalía del Estado sobre Tratamiento del Acoso Escolar, comprende un catálogo de conductas, en general permanentes o continuadas en el tiempo y desarrolladas por uno o más alumnos sobre otro, susceptibles de provocar en la víctima sentimientos de terror, de angustia e inferioridad idóneos para humillarle, envilecerle y quebrantar, en su caso, su resistencia física y moral.”

Como se sabe, la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid ha fallado la estimación integra del Recurso de Apelación interpuesto por los padres lo que supone que el centro tendrá que pagar 30.000 euros a la familia.

La argumentación de la Sala parece ser la siguiente:

  • “El solo hecho de que los menores agresores fueran al colegio provistos de una cámara, denota una estrategia que deja poco margen a la espontaneidad de un mero y aislado enfrentamiento infantil”.
  • Según el testimonio de un padre “la situación de maltrato a M era vox populi”
  • Existe jurisprudencia al respecto del Tribunal Supremo en su sentencia  de 10 de marzo de 1997 según la cual  “La nueva redacción del artículo 1903, establece según el general sentir de la doctrina y de la jurisprudencia de esta Sala, una responsabilidad prácticamente objetiva, en cuanto señala que las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior, responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad, durante los periodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias”.
  • “Que el Centro docente demandado no ha empleado la diligencia exigible, en la prevención y evitación del daño causado a M, en sus dependencias, implantando las medidas necesarias para prevenir y evitar la violencia escolar que sufrió M”.
  • “No se considera como Diligente, tampoco la reacción de los agentes escolares intervinientes, ante el suceso acaecido el día 26/6/06. Si como ha manifestado la profesora de Matemáticas al entrar en la clase se da cuenta del grado de alteración y excitación de los niños, y estos hablan de un incidente en el que se han tirado gomas, y que hay una grabación con una cámara, no es entendible para este Tribunal, como la preceptora no exige la cámara al alumno que ha hecho uso de la misma, en un horario lectivo, y comprueba su contenido. En vez de hacerlo, se limita a deducir que la habrán utilizado en clase de alemán, lo que resulta totalmente incomprensible, pues dicha denuncia del uso de la cámara, aparecía unida a las acusaciones de un enfrentamiento y a un grado de excitación del alumnado, que según ella era claramente perceptible. Circunstancias que en lógica la tendrían que haber llevado a extremar el celo, respecto a la razón de la utilización de una cámara”.(…)
  • “No es entendible para este Tribunal, cómo la preceptora no exige la cámara al alumno que ha hecho uso de la misma, en un horario lectivo, y comprueba su contenido”

¿Qué conclusiones podemos extraer de esta sentencia?
¿Cómo debemos comportarnos los docentes ante situaciones similares?
¿Son suficientemente conocidos los protocolos de actuación para estos casos?
¿Hemos asumido todas las responsabilidades que nos exige la legislación vigente?

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